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Vicente Ferrer doliente

Cinco de la tarde, por fin suena el timbre que anuncia el final de las clases en una cualquiera de las 33.263 escuelas primarias que gestiona la Iglesia Católica en el olvidado (por algunos) continente africano.

Samuel sale de clase apresuradamente, cariacontecido por lo que acaba de escuchar, corre a los brazos de su madre que le aguarda con el diario mendrugo de pan que le ameniza el largo camino hasta casa. “No tengo hambre mamá, en el “cole” como un montón”, replica Samuel ante la insistencia de su madre, quien con un gesto complaciente y agradecido de aprobación, esbozando una leve sonrisa, responde con un tímido “está bien!!”

Durante el camino, Samuel, incontrolado parlanchín en otro tiempo, no profirió palabra alguna. Cuando la travesía tocaba a su fin, la madre de Samuel, inquieta por la desconocida tranquilidad de su hijo durante la vuelta a casa, le pregunto si le pasaba algo, circunstancia que dio pie a Samuel a contar lo que durante largo tiempo venia rondando por su joven, pero no inmadura mente.

“Mamá, ¿dónde está España?”

 “¿Por qué?”

 “Pero mamá, ¿qué es el IBI?”

Al silencio atronador le siguió esa frase que toda madre usa en cualquier confín de la tierra cuando quiere que acabe una conversación o, simplemente, cuando no sabe dar respuesta a las curiosidades de su hijo: “deja de decir tonterías y entra en casa!”

Al joven Samuel, todavía inconsciente de la trascendencia de la información que su madre no le había dado pie a compartir, le retumbaba incesantemente en la cabeza lo que había dicho su profesora pocas horas antes.

El colegio donde estudiaba el joven Samuel desde que era un niño, donde había aprendido a leer y escribir, donde comía diariamente y donde había conocido a sus amigos, iba a cerrar el año que viene por culpa de una cosa que pasaba en España que se llamaba IBI.

Samuel no sabe cuál es la causa de sus inminentes problemas, su madre posiblemente tampoco, las explicaciones son escasas y el desconocimiento es aun mayor. Sin embargo, yo tengo claro lo que le respondería a Samuel si tuviese oportunidad de aclarar sus dudas:

Querido Samuel, la respuesta a tus dudas es compleja, pero seguro que al final de mi exposición lograrás entender dónde está el problema y quién lo ha causado.

No sé si os habrán explicado en el colegio la labor asistencial de la Iglesia católica en España.

Pues bien, según datos proporcionados por D. José Barea Tejeiro, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático Emérito de Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, en su reciente estudio sobre las prestaciones sociales que aporta la Iglesia Católica a la sociedad española (del año 2008), se advierte que, solo en Sanidad, la Iglesia Católica gestiona en España 107 hospitales, 128 ambulatorios, otros tantos dispensarios y 876 centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y minusválidos, que acogen a un total aproximado de 387.000 personas al año, para lo que cuenta con 51. 312 camas, que le cuestan 270 euros al día. O lo que es lo mismo 5.056 millones de euros al año.

Además, teniendo en cuenta, que construir un hospital cuesta del orden de 50 millones y el resto de los centros antedichos 4 millones, el Estado se ahorra, gracias a la Iglesia Católica, 5.305 millones en hospitales y 4.016 millones en otros centros de asistencia al ciudadano.

En lo que a educación se refiere, las distintas congregaciones religiosas, gestionan 5.882 centros educativos entre guarderías, centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidades, en cuyas aulas se forman 1.578.609 alumnos e imparten lecciones 81.000 profesores.

Una plaza en la escuela pública, según datos del Ministerio de Educación, le cuesta al Estado 3.517 euros. Una plaza concertada (costeada por la Iglesia en un 70%) le cuesta al Estado 1.840 euros. Lo anterior tiene como consecuencia que la Iglesia ahorra al Estado 2.631 millones de euros anuales exclusivamente por este concepto. A esto hay que añadir, que construir un colegio cuesta alrededor de 3 millones de euros, lo que implica que el Estado debería invertir 15.423 millones para ofrecer el mismo servicio que presta la Iglesia Católica en Educación (insisto, solo en España).

Por otra parte, la obra social de la Iglesia, actualmente cuenta con 4.447 centros asistenciales que a través de Caritas y Manos Unidas, acogen a 2,7 millones de necesitados que llaman a sus puertas y que gracias a la Iglesia tienen un plato de comida o una cama donde poder dormir, entre otras cosas.

Si nos metemos con la Iglesia, nos metemos con los pobres y los necesitados, por cuanto la Iglesia no es tanto la, por todos criticable, ostentación y riqueza de la que puede disfrutar el Santo Padre, sino más bien los miles de personas que dedican toda o parte de su vida al servicio a los demás en nombre de la Iglesia.

Pero es que, además, la Iglesia financia el 80% del patrimonio histórico y artístico de España. La tercera parte de los ingresos turísticos culturales proceden de este patrimonio de la Iglesia y, por lo tanto, revierten en todos los españoles. Catedrales, lugares de peregrinación o culto, fiestas patronales, Semana Santa, forman todos ellos el patrimonio de la Iglesia Católica, del que se beneficia el Estado y, por extensión, todos los españoles.

En resumidas cuentas, la Iglesia Católica recibe unos 250 millones de euros al año proporcionados a través del IRPF de los católicos que marcamos la X en nuestra declaración de la renta a favor de la Iglesia, o lo que es lo mismo, a favor de sus servicios asistenciales en beneficio de todos. Sin embargo, la Iglesia, por su parte, ahorra al Estado español más de 31.186 millones de euros al año (insisto, no son datos míos, sino de uno de los economistas españoles más relevantes del siglo XX).

Esta escandalosa cifra es la que tendría que costearla Administración Pública española para sustituir la labor social que realiza la Iglesia Católica, en el caso de que ésta desapareciese o dejase de gestionar sus colegios, hospitales, ambulatorios, dispensarios, organizaciones no gubernamentales y tantas otras prestaciones que el limitado espacio y tiempo me impide enumerar.

Esta Administración Pública es la misma que no solo parece mirar para otro lado ante lo incontestable de esta circunstancia, sino que además pretende que la Iglesia pague los impuestos sobre bienes inmuebles de los que dispone, por no contribuir, a su modo de ver, suficientemente a las arcas del Estado. No hay peor ciego que el que no quiere ver…

Sorprende que se haga pagar a la Iglesia por tales conceptos y sin embargo estén exentos los palacios, de propiedad privada, por poner un ejemplo, al considerarse de interés artístico cultural. Si el palacio de Dueñas, de Liria o la sede de la UGT en Madrid tiene más interés histórico, artístico o social, no digo ya que la Catedral de Santiago, sino que cualquier otro centro propiedad de la Iglesia, que venga Dios y lo vea o, mejor aún, que venga cualquiera y lo compruebe por sí mismo.

Dicho esto, mi querido Samuel, la razón de que se vaya a cerrar tu colegio es que le han subido los impuestos a la Iglesia Católica para destinar lo recaudado a otros fines de mayor importancia que tu educación y plato de comida, tales como inyectar dinero a los bancos en quiebra técnica fruto de la mala gestión de años atrás. ¿Lo entiendes?

Samuel, pensativo, traga saliva y concluye con una pregunta para la reflexión:

“Entonces, solo me queda una duda: ¿es el Estado el que mantiene a la Iglesia Católica o es la Iglesia Católica la que mantiene al Estado?”

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