Aquí tenemos una nueva colaboración de nuestro criminólogo en ciernes….

Desde los albores de la Política Criminal, allá por el siglo XIX se ha venido observando un vanguardista progresismo del que pocas ciencias pueden presumir de ser tan precoz y avanzado a su contexto socio-cultural. Este hecho sin precedentes nos obliga a plantearnos los motivos que fuerzan tal irregularidad histórica. Así pues, encontraremos su fundamento en que cuando una civilización decide que sea la comunidad (el Estado, por lo general) y no el propio individuo el que asuma el monopolio del ius puniendi se arrebata a las víctimas su capacidad de vendetta; y, en este sentido, la comunidad debe presentarse como un ente ecuánime, incapaz de errar cegado por la retribución y las pulsiones más inflamables e innatas en los hombres. Se trata entonces de evitar un ciclo vicioso de sucesivas venganzas recíprocas, contraproducente para una paz social. La violencia engendra violencia. Qué mejor cita de autoridad de el “Ojo por ojo y al final el mundo acabará ciego” de Mohandas Karamchand Gandhi.

Tras lustros de represión y planteamientos vindicativos, surge a finales del siglo XVIII y gracias al pensamiento ilustrado que heredamos de tan excelsos coetáneos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, o Hobbes; una concepción progresista y de gran pragmatismo acerca de la política criminal que cambiaría el curso de esta ciencia hermana del Derecho Procesal-Penal y la Criminología. De hecho, ya entonces el Marqués de Beccaria plantea que la finalidad de las penas, otrora desmesuradas y sin más fin que el de resarcir la morbosa vindicta del ofendido; no es la de atormentar al causante del daño, ni deshacer el ya acontecido mal, sino impedir que el delincuente cometa más ilícitos y, simultáneamente, inducir al resto de la sociedad en ejemplo para evitar que imiten su conducta desviada. Las imposiciones deben de resultar lo menos dañinas posibles al ofensor y que posean la máxima capacidad de impresión y calado sobre la sociedad. En definitiva, la pena debe de ser, en palabras de Cesare Bonnesana: “pública, pronta, necesaria […] proporcionada al delito y dictada por las leyes”, nullum crimen sine lege et non bis in idem.

Con la misma ferocidad con que los pre-citados autores llevaron a cabo sus cruzadas contra la moral y la ética de un sistema retributivo, el ilustre Howard humanizó el Derecho Penitenciario. En él se gestaba la concepción de una pragmática realidad donde las prisiones tornarían en centros de reeducación y resocialización donde al reo no se castiga o se tortura, sino reahibilita y reconduce para una reinserción en la sociedad. Éste pensamiento escora hacia su vertiente más utilitarista con J. Bentham y su panoptismo allá por el año 1822, arraigando cual estigma bajo la piel del primer Código Penal español con la misma vehemencia flagrante con que un caudillo arenga a sus huestes en la contienda.
Muchas escuelas de dispares dogmas son las que el hombre ha derramado por la historia como la esencia de Hera al súbitamente separar a Herácles de su seno y conformar la Vía Láctea. Pero la que, a mi parecer, mayor mención merece cum laude es la denominada Escuela Sociológica de Marburgo; basada en el positivismo sociológico se encuentra representada en su cénit por el egregio Franz von Liszt. Para esta vertiente político-criminal el delito es entendido tanto como un producto de la naturaleza individual del delincuente, como de sus circunstancias sociales, físicas y económicas. “Yo soy yo y mi circunstancia”, que diría José Ortega y Gasset; y en lo que respecta a la predisposición al delito, no iba a ser menos.

La solución para combatir el delito no se encuentra en el endurecimiento de la ley, ni en el aumento cuantitativo de penas privativas de libertades y derechos. Sino en la lucha contra las causas del delito, su prevención y, si procede, la búsqueda de un equilibro vindicativo-resocializador. Alejémonos de concepciones basadas en una empatía retributiva con las víctimas y abracemos una concepción más humana y pragmática de la finalidad de la aplicación de las leyes.

El hombre ha necesitado alrededor de dieciocho siglos en concebir una política criminal acorde a la complejidad y circunstancias humanas digna de ser aplicada. ¿Cuántos siglos necesitarán nuestros políticos en comenzar a adoptarlas? ¿Cuánto tiempo más necesita la sociedad para comenzar a exigir dichas medidas? ¿Cuántas injustas leyes y sentencias, cuántas defraudantes concepciones de lo que es la justicia? Tres siglos nos contemplan ya desde que el hombre acuñó las anteriormente mencionadas reflexiones. Que el pueblo no sucumba a la congoja, pues el cambio es posible. Memento, tempus fugit. En las manos de todos se encuentra la capacidad de cambio, no dejemos escapar esta oportunidad que se nos brinda. No dejemos que nuestra sociedad caiga en alarmismos cuyos padres no son otros que los sensacionalistas “mass media” que acostumbran a distorsionar la realidad Penal que nos sobreviene. Instauremos una Política Criminal basada en el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos y garantías individuales no sólo de los victimarios, sino también de las víctimas. Bajo una ideología humanista y constitucional propia de principios tales como el de intervención mínima, legalidad, reserva jurisdiccional, proporcionalidad… Hagamos honor a la venda, la balanza y la espada de la diosa Justicia y rindamos pleitesía a los valores de ética y deontología que caracterizan una íntegra Política Criminal acorde a nuestro tiempo: dura con el delito, pero también con sus causas.

Mario Muñoz Anguita. Julio de 2012
Estudiante de Criminología en la Universidad Europea de Madrid

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